Crearon una guerra contra las plantas en nombre de la salud pública, sin cuidarla realmente

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Crearon una guerra contra las plantas en nombre de la salud pública, sin cuidarla realmente

Columna de opinión por: Samuel Barrera Bernal

Hierbabuena Revista – Sistema Informativo –

La importancia de las buenas prácticas de reglamentación técnica al momento de implementar cambios en la fracasada política de guerra contra las drogas, es el mayor reto que representa un problema que se encuentra sobre diagnosticado, manipulado y sin solución definitiva.

Sectores de derecha e izquierdas, iniciaron al unisonó, una narrativa que impidió, hizo imposible y prohibió por considerar apología, el ejercicio de las libertades individuales de exploración de la conciencia y la educación ancestral sobre las plantas fue perseguida.

Las actividades humanas en torno a las plantas de poder, se transformó en monopolios de violencia, que llegaron junto con la industria química y farmacéutica cambiando y tergiversando la verdadera esencia del uso de las plantas que germinaron en las selvas, cambiando la sabiduría milenaria rural, por el flagelo del Inframundo urbano.

Políticos, médicos, abogados, sociólogos y demás profesionales, se convirtieron en expertos de la política de drogas e hicieron crecer sus capitales, sin que el fenómeno tenga solución. Mientras tanto se fomentó la industria de las armas, el hacinamiento carcelario y el sicariato por el control del tráfico de drogas.

En las familias incentivaron el odio y la discriminación a los consumidores, destruyendo el amor dentro del núcleo de la sociedad, por el eco de campañas macartizadas tales cómo “la mata que mata”.

A lo largo de la historia, también se suma el fracaso de los movimientos anti prohibicionistas, que lejos de sus imaginarios libertarios, hoy reconocen la importancia de implementar la regulación responsable y la inclusión al sistema financiero de sus emprendimientos. Esperando que sea el Estado el impulsor de las reformas, en vez de tomar la iniciativa legislativa popular.

A pesar de que los sectores progresistas a nivel internacional, llenan auditorios, dictando conferencias académicas para repetir durante décadas el mismo discurso dónde afirman que la política de guerra contra las drogas es un fracaso, ningún grupo organizado o sector político ha presentado un análisis de impacto normativo AIN, o análisis de impacto regulatorio AIR, al momento de plantear las reformas y mucho menos, una evaluación ex post, con participación ciudadana.

Los fracasos, por más que sean evidentes, deben ser expuestos bajo los principios de la administración pública, especialmente bajo la transparencia. Este es el deber ser, a la luz de los compromisos supranacionales con la OCDE.

Olmes Ortíz, fundador de la marcha mundial por la liberación de la marihuana en Colombia, afirmó que el problema no se iba a resolver con una pomadita y propuso a Juan Manuel Santos, que se reglamentara en un foro nacional, el punto 4 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Para la época, Olmes Ortiz fue remitido con el entonces director de política de drogas Julián Wilches, siendo infructuoso su deseo. La frustración le hizo perder el impulso de sus exitosas marchas.

La importancia de cumplir con las buenas prácticas de reglamentación técnica, repercuten favorablemente en la legitimidad de las reformas y permite soportar eventuales acciones judiciales a las que están acostumbrados los sectores más reaccionarios, que con falacias y contradicciones, se imponen en la opinión pública por los canales oficiales, en oposición al cambio de paradigma frente al fenómeno de la guerra contra las drogas.

Es importante que durante el proceso de reformas, Colombia tenga una participación democrática directa.

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Los empresarios y emprendedores que se beneficiarían con la normatividad a favor del libre mercado y la regulación responsable, deben comenzar a realizar un cabildeo en conjunto mediante la unión de la cadena productiva nacional, en el marco de un acuerdo de competitividad, para que no se alargue la discusión ni se evadan los argumentos, con los pupitrazos de la vieja escuela.

El principal reto del cambio en la política de guerra contra las drogas, es lograr la inclusión financiera de todo el sector y en especial de los actuales grupos organizados al margen de la ley, que obtienen ganancias por la prohibición. Lo anterior en búsqueda de una amnistía e indulto que permita la paz mediante el sometimiento al cumplimiento de los fines del Estado Social y Democrático de Derecho. Reduciendo la violencia e incrementando la seguridad territorial y la productividad, garantizando el orden, la salud y moralidad pública.

Ya que los narco y micro traficantes serían los principales afectados económicamente con el cambio del enfoque unidimensional y represivo, ellos deben ser incluidos para no generar focos de violencia. El crecimiento exponencial de la demanda, generaría una pérdida de la ventaja que les da la prohibición por ser únicos oferentes. La disminución de utilidades por sobre costos en autorizaciones fitosanitarias, sanitarias y de control operativo administrativo. La regulación, haría que los criminales empiecen a reducir sus ventas significativamente, sin abandonar las funciones de interdicción a las bandas criminales que atentan contra la salud pública.

Al invertir en educación y al permitir el acceso seguro e informado a sustancias elaboradas con seguridad, eficacia e inocuidad, alejaría la oferta de los grupos delincuenciales y por efectos de la calidad, sería dirigida a los productores locales que cumplan con estándares tecnológicos y el filtro burocrático para ingresar al sistema financiero.

Los recursos económicos de la guerra contra las plantas, se destinarían a la prevención al consumo de sustancias psicoactivas (cómo ya lo establece la ley para cannabis, sin eficacia en el artículo 15 de la ley 1787 de 2016) y al fomento de la ciencia y los emprendimientos locales de indígenas, campesinos, raizales, room, palenques, etc. (artículo 3 de la ley 1787 de 2016).

El rol del sector público y de las universidades, más allá de emitir una autorización, es generar la inclusión social y financiera de la cadena productiva de las drogas y garantizar que la participación ciudadana construya por medio del gran diálogo nacional, la nueva política de drogas, dónde prevalezcan los derechos humanos y los tratados internacionales que permitan el libre mercado sin obstáculos al comercio.

Partiendo de la premisa que el bien jurídico protegido es la salud pública y no el sistema financiero, la propuesta de indulto es factible. A partir de acciones de revisión, las condenas sometidas al tamiz de las pruebas, pueden ser revocadas al identificar sí existe o no certeza de haberse afectado la salud pública.

Actualmente la prescripción de la flor seca de cannabis psicoactivo no es viable, empero la recomendación o receta de un médico que siga los parámetros de plantas medicinales, permitirá el acceso a la flor seca, en el mercado interno.

Ya lo demostró la corte constitucional, el Acto legislativo 02 de 2009 nunca fue sometido a control constitucional por “vicios de forma”. Esto se traduce en que los juristas también fracasaron en el control de legalidad. Empero, en el año 2012, se logró modular efectos en protección al libre desarrollo de la personalidad.

Es hora de poner a prueba el capitalismo.

¿Existe o no, el libre mercado y la dignidad humana?