El ex fiscal regional, “juez sin rostro” y ex director académico de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, Luis Fernando Vélez Gutiérrez, plantea en su columna de opinión para Hierbabuena Revista, el interrogante sobre las oportunidades de acceso a la industria y mercado de cannabis para actores locales, frente a la competencia de multinacionales del sector. Vélez es Master en Delitos y Justicia Internacional en John Jay College of Criminal Justice y estudios avanzados en Justicia Social y Criminal en Boston College, USA. Master en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia.
Por: Luis Fernando Vélez Gutiérrez – Columna de Opinión
Bogotá D.C., 8 de octubre de 2023.- La oportunidad que yo tengo de escribir para la revista Hierbabuena y expresar libremente mi producción cognoscitiva es la misma oportunidad que quisiera tuvieran todas las comunidades indígenas, afro, campesinas y emprendedores en la industria del cannabis para elaborar y comercializar sus productos derivados, con el respaldo del Gobierno Nacional. No solamente para estimular proyectos de innovación, sino también para impulsar la industria nacional, generar empleo y romper perjuicios alrededor cannabis.
Lo anterior, me lleva a preguntar: ¿por qué en Colombia, a juzgar por los resultados, el desarrollo de la industria del cannabis se facilita a las grandes multinacionales y a las comunidades indígenas, afro, campesinas y emprendedores en general esta misma actividad se dificulta?
Para tratar de dar una respuesta es importante tener en cuenta que, Colombia crea el marco legal que regula el cannabis en cuanto el cultivo, producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso, y posesión de la semilla, la planta, sus derivados y productos con fines medicinales y científicos a través de la Ley 1797 de 2016, reglamentada por el Decreto 613 de 2017 y las Resoluciones 577, 578 y 579 del mismo año. Normatividad que permitió definir una política pública acorde con la nueva tendencia de la política antidrogas en la comunidad internacional – Israel, Portugal, México, Uruguay, Canadá, los Estados Unidos, entre otros.
Sin embargo, es una legislación y política pública que debería ser revisada articuladamente por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para estimular y facilitar más equitativamente el desarrollo de esta industria en favor de los productores artesanales, ancestrales, campesinos, afros etc. En este sentido, es bienvenida la nueva política antidrogas 2023 – 2033 del Gobierno Nacional, cuyo reto ahora es su implementación y materialización.
Quiero dejar claro que, en mi opinión la presencia de las multinacionales canadienses, alemanas o de cualquier nacionalidad en la explotación comercial del cannabis con los fines señalados por la ley es importante, necesaria y es un acierto del Gobierno para el desarrollo económico y científico del país en esta materia. De eso no hay duda. Pero queda un sin sabor en el tratamiento desigual y de oportunidades en la industria nacional legal del cannabis.
Es de conocimiento público que en países industrializado este portafolio de negocios legal está cotizando en las Bolsas de Valores de los Estados Unidos y Canadá. Démosle, entonces, la oportunidad a las comunidades indígenas, afro, campesinas y emprendedores nacionales en general para que esta industria legal reciba un mayor reconocimiento y respaldo para su producción y comercialización. En este orden, ni hablar de la bancarización – prestamos o apoyo financiero- para alguien en Colombia que quiera acudir a los Bancos a pedir una línea de crédito con el propósito de impulsar la industria legal del cannabis.
Sí… esa es otra tarea nacional pendiente a desarrollar, sabemos que por los antecedentes históricos de Colombia con el tema aun hay temores fundados, pero susceptibles de superar y parte de esta tarea es escribir y hablar al respecto.