Las sanciones penales van desde multas económicas de 133 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta los 216 meses de privación de la libertad, mientras que las sanciones administrativas pueden ser la suspensión de la licencia como una medida de carácter correctivo o la cancelación de la licencia, “de ahí se pueden desprender esas responsabilidades penales y administrativas, frente al incumplimiento de la norma o las directrices que establece el gobierno”, apuntó Clavijo. 

De acuerdo con el experto en seguridad, el Decreto 613 de 2017 era completamente abierto respecto a las responsabilidades de la seguridad en la producción de cannabis, mientras que la reglamentación establecida por la Resolución 227, define claramente el protocolo de seguridad requerido y los responsables según su rol en la organización. 

“Ya no solamente dejan al licenciatario como único responsable de lo que suceda en las instalaciones de cultivo o fabricación de derivados, ahora el Articulo 10 da la correspondencia de responsabilidad directa al director de fabricación de derivados, el Articulo 11 habla del director técnico de cultivo como responsable de todo lo que suceda en los cultivos y en temas de seguridad hablamos de los consultores y asesores que también entran a ser parte de esa responsabilidad en los complejos de producción de cannabis”, precisó el oficial en buen uso de retiro. 

Dicha norma también establece requisitos de obligatoriedad en seguridad, para la fabricación de derivados de cannabis no psicoactivo, donde las empresas que desarrollan tal actividad, deben igualmente implementar y documentar un procedimiento de seguridad, para garantizar la trazabilidad de sus productos, así se declaren con contenidos de THC inferiores al 1%.