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Organizaciones de Derechos Humanos respaldan regulación del cannabis de uso adulto en Colombia 

Nueve de los centros de pensamiento más reconocidos del país firmaron un documento en el que apoyan la iniciativa legislativa que busca eliminar la prohibición del cannabis en el territorio nacional. Allí se recomienda mantener el foco en la despenalización y evitar detalles como la tributación o el licenciamiento, además de incorporar un enfoque reparador y se garantice la inclusión de los pequeños productores en la cadena productiva del sector.

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Organizaciones de Derechos Humanos respaldan regulación del cannabis de uso adulto en Colombia

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023.- La Coalición Acciones Para el Cambio, conformada por Elementa DDHH, Fescol, Corporación ATS, Deliberar, Dejusticia, Corporación Humanas, y Corporación Viso Mutop, en alianza con el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y la Fundación Ideas para la Paz, respaldaron el proyecto de Ley que despenaliza el cannabis en Colombia. 

Así lo comunicaron en el marco de la presentación del documento “Regulación del cannabis de uso adulto en Colombia: recomendaciones de política” desarrollado desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Cesed, de la Universidad de Los Andes.

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“Apoyamos el trámite del proyecto de Acto Legislativo No. 02/22 Cámara y 33/22 Senado, como una reforma constitucional que modifica la prohibición del artículo 49 sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas para permitir la regulación del cannabis de uso adulto”, informó la coalición a través de comunicado de prensa.  

Organizaciones de Derechos Humanos respaldan regulación del cannabis de uso adulto en Colombia_

La iniciativa parlamentaria que es discutida actualmente en el Congreso de la República llega este martes 25 de abril a su sexto debate, esta vez le corresponderá a la Plenaria de la Cámara de Representantes, decidir si la propuesta continua su trámite hacia una reforma constitucional. 

Las organizaciones firmantes cuentan con una larga trayectoria en investigación e incidencia, defendiendo una reforma a la política de drogas que esté basada en la evidencia y respete los derechos humanos, por lo que consideran que la reforma propuesta es coherente con la necesidad de una política de drogas donde se contemple el desarrollo rural, se garantice un enfoque de salud y reducción de daños y de paso mitigue o elimine los daños de la prohibición.  

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“Declaramos que la inclusión del cannabis en el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes constituye un error histórico que replicó el Estado colombiano al elevar a rango constitucional la prohibición de drogas en 2009”, dice el comunicado.  

Según la coalición, las reformas en las políticas frente al cannabis representan un avance para el país, permitiéndole al Estado tener un control sobre la planta dentro de un marco jurídico que permita mejorar la salud pública, reducir las rentas ilegales asociadas al comercio de cannabis, implementar un enfoque reparador de las comunidades vulnerables más afectadas por la prohibición, y promover el desarrollo rural y sostenible.  

Con ocasión del proyecto de Acto Legislativo resaltaron la importancia de reconocer, ampliar y garantizar la participación de todas las personas y organizaciones llamadas a defender una política de drogas con un enfoque de derechos.   

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“Recomendamos, al Gobierno Nacional y a los legisladores, fortalecer la pedagogía sobre el alcance real de esta reforma constitucional, ya que es el primer paso para diseñar el marco regulatorio, pero no la regulación en sí misma”, señaló la coalición en defensa de los Derechos Humanos.

A continuación las cuatro recomendaciones que hicieron las organizaciones firmantes, señalando que en el texto discutido actualmente, aún puede ser mejorado: 

  1. Debido a que se trata de una reforma constitucional, el proyecto debería eliminar simplemente la barrera dispuesta en el artículo 49, a fin de dar seguridad jurídica al eventual marco regulatorio. Es decir, el proyecto de acto legislativo debe enfocarse en ciertos mínimos que guíen al Congreso y no incluir detalles como la tributación o el licenciamiento que resultan inconvenientes para la discusión, y en cambio, reducen exageradamente el principio de flexibilidad que debe tener el Congreso para reglamentar el texto que finalmente se apruebe.
  2. En caso que la referencia al licenciamiento persista, es necesario incluir mecanismos en la regulación posterior al Acto Legislativo, para garantizar la inclusión de los pequeños productores históricos, y evitar la configuración de monopolios y la integración vertical.
  3. Teniendo en cuenta que el artículo 2 del proyecto de Acto Legislativo menciona los principios orientadores para la reglamentación, sugerimos incorporar el enfoque reparador como un eje central de la regulación, de manera que el mercado opere bajo criterios de equidad y justicia social para los pequeños productores, personas privadas de la libertad por delitos relacionados con el cannabis y para otras poblaciones afectadas por la prohibición.
  4. Teniendo en cuenta el avance de la reforma constitucional, el Gobierno Nacional debe avanzar en el alistamiento de la regulación, en los siguientes asuntos:   

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a. La regulación del cannabis es un asunto multisectorial, ya que todos los elementos tienen un nivel de importancia similar. El éxito de la regulación dependerá de las políticas de educación, información, salud pública para la prevención, reducción de daños y atención al consumo problemático, así como de justicia agraria y ambiental para la justa participación en el mercado a los cultivadores históricos de cannabis, y también de las políticas que den estándares para el comercio justo y eviten desvío hacia el mercado ilegal.

El Ministerio de Justicia, por su trayectoria y por ser el ente rector de la política de drogas, puede ser el eje articulador para todos estos sectores, entre los que es urgente que participen al menos, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y de Educación Nacional.  

b. El alistamiento para la regulación de uso adulto debería incorporar las experiencias con el cannabis medicinal, y tener en cuenta los errores y lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, por parte de las instituciones involucradas, y las lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, proceso de licenciamiento, definición de tarifas, entre otros.

Finalmente, pidieron adelantar mesas técnicas con quienes hicieron parte de dicho proceso para asegurar un proceso de reglamentación basado en la evidencia del contexto nacional.  

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