A continuación las cuatro recomendaciones que hicieron las organizaciones firmantes, señalando que en el texto discutido actualmente, aún puede ser mejorado: 

1. Debido a que se trata de una reforma constitucional, el proyecto debería eliminar simplemente la barrera dispuesta en el artículo 49, a fin de dar seguridad jurídica al eventual marco regulatorio. Es decir, el proyecto de acto legislativo debe enfocarse en ciertos mínimos que guíen al Congreso y no incluir detalles como la tributación o el licenciamiento que resultan inconvenientes para la discusión, y en cambio, reducen exageradamente el principio de flexibilidad que debe tener el Congreso para reglamentar el texto que finalmente se apruebe.
2. En caso que la referencia al licenciamiento persista, es necesario incluir mecanismos en la regulación posterior al Acto Legislativo, para garantizar la inclusión de los pequeños productores históricos, y evitar la configuración de monopolios y la integración vertical.
3. Teniendo en cuenta que el artículo 2 del proyecto de Acto Legislativo menciona los principios orientadores para la reglamentación, sugerimos incorporar el enfoque reparador como un eje central de la regulación, de manera que el mercado opere bajo criterios de equidad y justicia social para los pequeños productores, personas privadas de la libertad por delitos relacionados con el cannabis y para otras poblaciones afectadas por la prohibición.
4. Teniendo en cuenta el avance de la reforma constitucional, el Gobierno Nacional debe avanzar en el alistamiento de la regulación, en los siguientes asuntos:   

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a. La regulación del cannabis es un asunto multisectorial, ya que todos los elementos tienen un nivel de importancia similar. El éxito de la regulación dependerá de las políticas de educación, información, salud pública para la prevención, reducción de daños y atención al consumo problemático, así como de justicia agraria y ambiental para la justa participación en el mercado a los cultivadores históricos de cannabis, y también de las políticas que den estándares para el comercio justo y eviten desvío hacia el mercado ilegal.

El Ministerio de Justicia, por su trayectoria y por ser el ente rector de la política de drogas, puede ser el eje articulador para todos estos sectores, entre los que es urgente que participen al menos, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y de Educación Nacional.  

b. El alistamiento para la regulación de uso adulto debería incorporar las experiencias con el cannabis medicinal, y tener en cuenta los errores y lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, por parte de las instituciones involucradas, y las lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, proceso de licenciamiento, definición de tarifas, entre otros.

Finalmente, pidieron adelantar mesas técnicas con quienes hicieron parte de dicho proceso para asegurar un proceso de reglamentación basado en la evidencia del contexto nacional.