Columna de opinión
Bogotá D.C., 23 de enero de 2025.- El 2025 será un año en el que la recesión económica que vive la industria de cannabis en Colombia continuará, o por lo menos así será el primer semestre, según una visión más optimista. El sector ya vivió su primer auge, no tanto por sus utilidades, sino por la euforia que generó la apertura del país a los usos médicos de la planta, lo que atrajo una importante inversión extranjera directa. Posteriormente, experimentó su primer ciclo de declive, con el cierre masivo de empresas, pérdidas de empleo y una caída significativa en la inversión.
En un mercado en el que el éxito de una compañía está determinado por su capacidad de competir con calidad, precio y la consecución de clientes internacionales, y en el que la demanda nacional sigue siendo mínima, a la industria colombiana se le dificulta un camino hacia una fase de expansión económica en el corto plazo.
Al menos tampoco será un año de contracción, en tanto que las exportaciones han venido creciendo de forma constante y sostenida en los últimos años. Vale decir que, al no existir un mercado interno consolidado en el país, la actividad de exportadora se ha convertido en el mejor indicador para medir el desempeño económico del sector.
La regulación sigue siendo un obstáculo, especialmente en lo relativo a los registros de medicamentos a base de cannabis (donde actualmente hay apenas cinco registrados); y, aún más preocupante, a los alimentos con CBD, para los cuales no existe una normativa definida, a pesar de que hace cuatro años se ordenó su creación. Actualmente, no hay productos alimenticios con contenido detectable de CBD registrados en el país.
Los tiempos de respuesta de las entidades reguladoras tampoco han disminuido, incluso cuando llevan una curva de aprendizaje de nueve años, sumado a que actualmente son menos del 10 % de las empresas las que inician trámites en sus oficinas. No existe una relación inversamente proporcional equivalente a mayor experiencia ganada + menor número de trámites solicitados = menores tiempos de respuesta, que debería ser la regla.
Estas ineficiencias repercuten en las negociaciones internacionales y en los tiempos de las exportaciones. Los clientes no dan espera a que un permiso (certificado) de exportación para una materia prima o producto fiscalizado se obtenga en casi dos meses (30 días hábiles).
Por otro lado, las propuestas gubernamentales para habilitar el consumo de flor seca de cannabis con fines médicos y los alimentos con CBD, presentadas en 2024 –lo que podría haber representado un alivio parcial para el sector– no han avanzado. Además, el porcentaje casi indetectable de CBD propuesto para estos alimentos por el Ejecutivo, los haría poco atractivos para los consumidores.
En el Congreso de la República el panorama tampoco es alentador; 14 iniciativas legislativas sobre cannabis de uso adulto han sido presentadas y todas se han hundido, bien por votos negativos o por falta de tiempo. Una de ellas llegó a octavo debate, el último, pero no obtuvo los votos necesarios para aprobarse.
Pero en este escenario legislativo las cosas no mejorarán, por lo menos en este gobierno. Cuando se votó esa iniciativa que casi se convierte en un acto legislativo –la que llegó a octavo debate–, el Gobierno nacional le imprimió toda su fuerza política; sin embargo, hoy esa fuerza no existe más, dado que se está dirigiendo a prioridades de cara a la finalización del periodo presidencial y a las elecciones de 2026.
Las empresas también han jugado un papel importante en el estancamiento que enfrenta la industria. Algunas de ellas insisten en obtener cosechas o derivados bajo sus convicciones, desconociendo la demanda real del cliente final; esto ha provocado que, en ocasiones, no se puedan cumplir las especificaciones técnicas de los compradores, lo que dificulta la concreción de negocios.
Asimismo, las empresas tardaron varios años en darse cuenta de que el camino no era centrarse en cultivos a gran escala, sino en lotes pequeños, de altísima calidad, a precios competitivos y cumpliendo con las exigencias de certificaciones internacionales. Este descubrimiento tardío nos ha pasado factura, ya que algunos países, principalmente en Europa y África, nos han tomado ventaja.
A pesar de todo, hoy Colombia cuenta con empresas más conscientes del mercado, sobrevivientes del fallido boom que inició en 2017. Son estas las compañías que llevarán al país a superar el estancamiento que hoy está atravesando, y a iniciar un verdadero auge en la industria, generando crecimiento económico para todo el sector. Pero esto no ocurrirá en primer semestre del 2025.
Por: Efraín López Amarís
Abogado magíster en Derecho del Estado y Regulación TIC de la Universidad Externado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Cuenta con un diplomado en Producción y Transformación de Cannabis de la Universidad Nacional y un curso corto en Aspectos Regulatorios del Cannabis de la Universidad de los Andes.
Durante 2019 y 2020, siendo contratista, se desempeñó como líder jurídico del área de cannabis del Ministerio de Justicia, posición desde la cual acompañó la estructuración y construcción completa del Decreto 811 de 2021 y asesoró de forma oficial a gobiernos extranjeros para la implementación de nuevas regulaciones de cannabis en sus países. Durante 2021 se encargó de los asuntos legislativos, regulatorios y políticos de cannabis en la Dirección de Política de Drogas del mismo ministerio, donde acompañó la estructuración de la reglamentación al Decreto 811 de 2021.
Se ha desempeñado, además, como conferencista y docente en regulación de cannabis ante la OEA y en las universidades Sergio Arboleda, Jorge Tadeo Lozano y Externado. Actualmente, es docente titular en las universidades del Rosario y Nacional de Colombia.
